El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021, el cual superará los 12.000 millones de euros, con un incremento del 15,2 por ciento y casi 1.600 millones de euros más para fortalecer los servicios públicos fundamentales y atender a los sectores más vulnerables, reactivar la economía y el empleo e impulsar la transformación del modelo productivo de la región.

 

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, ha informado en rueda de prensa de las principales cifras que componen el proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio, que también tendrá entre sus objetivos fundamentales luchar contra la despoblación, acelerar la transformación digital, promover la sostenibilidad medioambiental e impulsar la modernización de los sectores productivos, en línea con las metas planteadas a escala europea. Tras poner en valor que Castilla-La Mancha es la primera Comunidad  que aprueba su proyecto de Ley de presupuestos para 2021, Ruiz Molina ha resaltado que “se ha elaborado en una situación de excepcionalidad” y debe abordar, “con nuevas políticas presupuestarias la nueva realidad”, puesto que la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha generado una crisis sanitaria, económica y social.

 

Por ello ha dicho que la respuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha no va a ser la de primar los recortes en el gasto público, que en la crisis de 2008 provocó un aumento de la desigualdad social y un debilitamiento del Estado del Bienestar. sino la voluntad política de “no dejar a nadie atrás, no hacer recortes y reducir los efectos negativos que esta crisis está provocando en diferentes sectores, con una fuerte apuesta por la inversión pública y la colaboración pública y privada para acelerar la reactivación del tejido productivo y su necesaria modernización”. También lo ha calificado como expansivo, al destinar prácticamente 1.000 millones de euros más al Estado del Bienestar y cerca de 600 más al desarrollo económico y al empleo; inversor, al duplicar la cuantía de las inversiones, hasta  los 1.400 millones; ambicioso en sus medidas, encaminadas a modernizar el tejido productivo, y, finalmente, como prudente en sus previsiones, que han sido avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

 

 

1.000 MILLONES MÁS PARA EL ESTADO DEL BIENESTAR

En relación con el gasto social, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, ha indicado que se destinarán, en total, 6.591,1 millones a fortalecer los servicios públicos fundamentales. Así, el gasto social crece cerca de un 18 por ciento respecto a 2020 y cerca de tres puntos por encima de lo que lo hace el presupuesto. Los recursos dirigidos a financiar el Estado del Bienestar suponen en torno al 70 por ciento del gasto total de carácter no financiero y permiten dedicar cada día 18 millones a los servicios públicos fundamentales, es decir, sanidad, educación y servicios sociales.

Sanidad es la partida más alta, con más de 3.600 millones de euros; seguida de educación, que supera la barrera de los 2.000 millones de euros de presupuesto después de diez años, y servicios sociales, que contará con 92,3 millones de euros más que el año pasado. El incremento de casi 1.000 millones que experimentan las políticas de gasto relacionadas con el gasto social, estará destinado a contar con más sanitarios y docentes; más y mejores infraestructuras; más equipamiento y más transferencias para financiar la prestación de servicios del ámbito social por otras entidades.

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CREACIÓN DE EMPLEO

Las políticas orientadas al crecimiento económico y la creación de empleo se incrementan un 48 por ciento, triplicando el crecimiento del conjunto del presupuesto para el próximo año. Estas políticas presupuestarias irán encaminadas a acelerar la reactivación económica de la región e impulsar una profunda transformación de la estructura productiva, con el fortalecimiento y modernización del tejido productivo, la apuesta por la innovación tecnológica y el desarrollo de la sociedad de la información, el refuerzo de las infraestructuras básicas y el impulso a la sostenibilidad ambiental.

 

En definitiva, según ha explicado Ruiz Molina, con los recursos de los que dispone la Administración regional se debe “promover el equilibrio entre el crecimiento económico, la calidad de vida de las personas y la protección del medio ambiente, a fin de garantizar a las generaciones futuras una sociedad y un planeta mejor”. 825 millones de euros que se destinarán para modernizar la estructura productiva y reforzar las políticas de empleo, unas partidas que crecen un 31 por ciento respecto al año pasado y 176 millones tendrán como destino las políticas de I+D+i, que permitirán impulsar las nuevas tecnologías y la sociedad de la información como motor de desarrollo económico, mejorando, por un lado, la productividad y la competitividad empresarial y fomentando, por otro lado, la modernización administrativa de la región.

 

Las inversiones dan también “una cifra sin precedentes, con 1.423 millones de euros, lo que supone duplicarlas con respecto al presupuesto de este año y contar con 764,5 millones más, destinándose 3,9 millones cada día en inversión para fortalecer los servicios públicos fundamentales; dotar a la región de infraestructuras básicas, como las de abastecimiento y depuración de aguas, y promover el desarrollo y modernización del tejido productivo”. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha finalizado resaltando que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2021 está diseñado para, sin incrementar la presión fiscal para la ciudadanía, abordar con garantías la reactivación de nuestra región y hacerlo, dando respuesta adecuada a una situación excepcional, por una crisis sanitaria, social y económica desconocida en su alcance.

 

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