Izquierda Unida-Podemos ha presentado nueve alegaciones al proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2025 en el Ayuntamiento de Toledo. Txema Fernández, portavoz de la formación, ha criticado que el proyecto recae «sobre quienes probablemente más lo necesitan» y no sobre las grandes empresas.
Fernández recordó que el Ayuntamiento debe aumentar sus ingresos en cuatro millones de euros para lograr el equilibrio financiero, según informes técnicos. Sin embargo, IU-Podemos busca que esos ingresos «sirvan para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de Toledo».
Propuestas para unas ordenanzas fiscales más justas
Entre las alegaciones presentadas, destaca la propuesta de aplicar un recargo del 50% en el IBI a las viviendas vacías durante dos años, del 100% a las de tres años y hasta del 150% si el propietario posee dos o más viviendas en el municipio.
Además, IU-Podemos propone ampliar el factor de cobro positivo del 0,60% en el IBI a actividades como espectáculos (incluyendo Puy du Fou), ocio, hostelería, gimnasios y edificios religiosos con fines educativos y asistenciales.
En cuanto a la tasa de autobuses turísticos y la nueva zona Magenta de aparcamiento, la formación solicita su suspensión hasta que se debata la ordenanza de Movilidad. También propone que la zona Magenta mantenga el importe mínimo fraccionado en 0,40 euros y se aplique el mismo horario que en el resto de zonas reguladas.
Críticas a la tasa de basuras y la apertura de negocios
Fernández también ha criticado la modificación de la tasa de basuras, considerándola «ni progresiva ni proporcional». En cuanto a la tasa por apertura de negocios, IU-Podemos propone incluir nuevos tramos en los que se mantenga la tasa anterior elevada en proporción a los metros cuadrados, además de añadir una tasa por contaminación.
«Cobardía» del equipo de Gobierno
El portavoz de IU-Podemos ha calificado al equipo de Gobierno de «cobarde» por no modificar impuestos como el IAE o el ICIO, que gravan a grandes empresas. También lamenta que no se aborde una modificación de la tasa por ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, que afecta a empresas de suministro de gas, electricidad y telecomunicaciones.
