Izquierda Unida Toledo ha acusado al equipo de Gobierno de PP y VOX de engañar a la ciudadanía con su política de vivienda, especialmente en el Casco Histórico, donde, según denuncia la formación, se está favoreciendo la conversión de viviendas residenciales en alojamientos turísticos mientras se mantiene un discurso público orientado a atraer nuevos vecinos.
Cambios de viviendas familiares a uso turístico
El concejal de Unidas Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, ha señalado que desde abril de 2025 y hasta finales de ese mismo año se han autorizado en Juntas de Gobierno más de medio centenar de cambios de uso de viviendas familiares a viviendas de uso turístico, todas ellas en el Casco Histórico.
Para Fernández, esta práctica contradice el mensaje del alcalde, que aseguraba que su política serviría para aumentar la población residente en esta zona de la ciudad. A su juicio, lo que realmente se está promoviendo es un modelo basado en el alquiler estacional que solo incrementa la presencia de personas los fines de semana y en periodos festivos.
Desde IU consideran que esta forma de actuar evidencia que el Gobierno municipal carece de una política de vivienda real y eficaz. Fernández sostiene que, tras casi tres años de mandato, no se ha construido ninguna vivienda pública nueva y que la Empresa Municipal de la Vivienda se ha limitado a encargar estudios e informes sin resultados tangibles para la ciudadanía.
Papel del Ayuntamiento en el Consorcio de la Ciudad de Toledo
El edil también ha criticado el papel del Ayuntamiento en el Consorcio de la Ciudad de Toledo, al que acusa de avalar con fondos públicos la creación de viviendas de tamaño muy reducido en edificios históricos, cuya explotación quedará en manos privadas sin límites claros en los precios del alquiler. Según Fernández, esto convierte a las administraciones en parte activa de un modelo especulativo.
Otro de los aspectos cuestionados es el sistema de adjudicación de las cinco viviendas del Corral de Don Diego, que se realizará mediante sorteo puro entre solicitantes con rentas muy diferentes. Para IU, este método ignora el criterio de necesidad y puede provocar que las viviendas acaben en manos de personas con mayor capacidad económica.
Por último, Fernández ha denunciado la falta de servicios públicos en urbanizaciones periféricas como Montesión, San Bernardo o El Beato, donde, pese a cobrarse impuestos como el IBI, no se prestan servicios básicos como limpieza viaria o recogida de residuos en algunas zonas.
Desde Izquierda Unida concluyen que el Gobierno municipal ha optado por un modelo en el que la vivienda se concibe como un bien para quien pueda pagarlo, en lugar de garantizar el acceso como un derecho básico que debe ser protegido desde las administraciones públicas.
