El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un nuevo paso en la modernización de los servicios públicos al ampliar el Sistema Único de Pago Electrónico de la Junta de Comunidades, incorporando el sistema Bizum como forma de abono de tasas y tributos autonómicos y flexibilizando el uso del pago con tarjeta bancaria.
La medida se recoge en una resolución de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, publicada recientemente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Con ella se adapta la normativa vigente, en funcionamiento desde 2016, a la evolución tecnológica y a los nuevos hábitos de la ciudadanía, facilitando el cumplimiento de las obligaciones económicas con la Administración regional de forma más ágil, cómoda y segura.
Entre las principales novedades destaca la incorporación de Bizum como medio de pago, tanto en la pasarela electrónica de la Junta de Comunidades como en las oficinas administrativas habilitadas. Además, la resolución autoriza la instalación de nuevos terminales físicos de pago en órganos, unidades y centros administrativos.
Asimismo, se eliminan las restricciones existentes hasta ahora sobre determinados modelos de documentos, permitiendo que puedan abonarse por vía electrónica todos aquellos que se recauden por los órganos de la Administración general, sus organismos y entidades dependientes.
Los pagos podrán realizarse a través del Punto de Venta Virtual desde la sede electrónica, mediante terminales conectados a ordenador en oficinas administrativas, por tarjeta bancaria admitida por la entidad prestadora del servicio o mediante Bizum. Estas opciones se suman a los sistemas ya existentes, como el pago en entidad colaboradora, el giro postal o la transferencia bancaria.
El importe máximo autorizado para este medio de pago será de 3.000 euros y deberá abonarse la totalidad de la cuantía del documento, salvo en los supuestos en los que el sistema permita un ingreso parcial.
La resolución también regula el procedimiento del pago electrónico, la emisión automática de justificantes con Número de Referencia de Operación (NRO), la gestión e ingreso de las cantidades en la Tesorería, el control de los terminales instalados y la supervisión del personal autorizado, reforzando además las medidas de seguridad para garantizar la correcta gestión de los fondos públicos.
