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    El portavoz de Izquierda Unida Toledo en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha reclamado que la ciudad tenga representación en la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, tras la reciente aprobación de un nuevo envío de 180 hectómetros cúbicos desde los embalses de cabecera del Tajo hacia la cuenca del Segura.

    Rechazo a este sistema

    Fernández ha mostrado su rechazo a este sistema, que su formación considera “anacrónico”, y ha cuestionado que cumpla su función de solidaridad entre territorios. En su opinión, este mecanismo está sirviendo para sostener un modelo de desarrollo agrícola intensivo en el Levante vinculado a grandes producciones de regadío.

    El concejal ha criticado que Toledo siga sin tener presencia en la Comisión de Explotación, un órgano que, según ha señalado, no está teniendo en cuenta el cumplimiento de las sentencias judiciales que obligan a garantizar los caudales ecológicos del río a su paso por la ciudad.

    El portavoz municipal de IU ha afirmado que ninguno de los gobiernos ha tratado el trasvase como un verdadero instrumento de solidaridad, señalando que el agua destinada al consumo de las familias representa, según su valoración, una parte minoritaria frente a los usos agrícolas intensivos, una política insostenible desde el punto de vista medioambiental y económico, basada en el traslado de recursos hídricos desde la cuenca del Tajo hacia explotaciones agrícolas del Levante.

    Oposición al trasvase

    En este sentido, ha insistido en que su formación mantiene su oposición al trasvase, al considerar que permite beneficios a grandes empresas mientras, según ha indicado, se generan dificultades para garantizar el abastecimiento en municipios ribereños de Castilla-La Mancha en momentos de menor disponibilidad de agua.

    Por último, ha reiterado la oposición de Izquierda Unida a este tipo de decisiones, especialmente en periodos de mayor reserva hídrica, al considerar que fomentan un modelo económico insostenible y alejado del cumplimiento de los caudales ecológicos establecidos por el Tribunal Supremo de España.

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