IU pide reorientar el control del cumplimiento de los contratos municipales
El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo ha expresado su preocupación por el sistema elegido para supervisar los contratos de gestión de servicios públicos.
Son las propias empresas adjudicatarias las que proponen a las compañías encargadas de realizar las auditorías externas.
Un seguimiento no del todo riguroso
“El control resulta cuestionable cuando las empresas que deben vigilar a las adjudicatarias son propuestas por ellas mismas. Nos preocupa que ese seguimiento no sea todo lo riguroso que la ciudad necesita”, ha señalado el portavoz de IU, Txema Fernández, quien ha recordado que estos contratos representan casi la mitad del presupuesto municipal.
Fernández ha reclamado que se retome lo aprobado en un pleno municipal de 2019, donde se establecía la creación de una comisión integrada por representantes de las empresas, de la plantilla, del equipo técnico municipal y de todos los grupos políticos con el objetivo de garantizar una fiscalización transparente y objetiva.
Contratos sujetos al actual modelo de control
Entre los contratos sujetos al actual modelo de control se encuentran los de parques y jardines, depuración de agua, mantenimiento de edificios municipales y colegios, así como el de limpieza viaria y recogida de basuras.
Fernández ha puesto como ejemplo el contrato de limpieza, adjudicado por tres millones de euros menos de lo valorado por los técnicos municipales, y que prohíbe expresamente que trabajadores de Toledo presten servicio en otros municipios. “Nos preocupa que solo el Ayuntamiento pueda vigilar con eficacia este cumplimiento y no una empresa vinculada a la adjudicataria”, ha advertido.
Otro caso señalado por IU es el contrato de depuración de agua adjudicado a Aqualia, con una rebaja de 11 millones respecto a la valoración técnica inicial. La empresa propuso a una auditora el pasado 3 de julio, aceptada por la Junta de Gobierno Local cinco días después.
“A cambio de 20.000 euros anuales, Aqualia contará con informes de cumplimiento elaborados por una empresa de su propia elección”, ha denunciado Fernández, quien ha calificado la fórmula de “incoherente y perversa”.
