Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban el nuevo Estatuto de Autonomía con respaldo de PSOE y PP
El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves el nuevo Estatuto de Autonomía en una sesión monográfica celebrada en el Convento de San Gil. La iniciativa legislativa, impulsada por el Grupo Socialista y pactada con el Grupo Popular, ha contado con el apoyo de ambos grupos mayoritarios, que han sumado 29 votos favorables, frente a los 4 votos en contra emitidos por los diputados de Vox.
La sesión, presidida por Pablo Bellido, ha comenzado pasadas las once de la mañana con la intervención de la portavoz socialista, Ana Isabel Abengózar, ponente en la Comisión de Asuntos Generales que aprobó el dictamen previo, incorporando 51 enmiendas consensuadas entre PSOE y PP.
Defensa en las Cortes Generales
Durante el Pleno se han debatido también las 35 enmiendas que Vox mantuvo vivas, todas ellas rechazadas en la votación. Posteriormente, cada grupo ha fijado su posicionamiento: David Moreno ha intervenido por Vox, Paco Núñez por el PP y de nuevo Abengózar por el PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cerrado el debate con una intervención en la que ha valorado el alcance de la reforma.
La votación definitiva, celebrada hacia las dos de la tarde, dio luz verde al nuevo texto, que se convierte en la quinta y más profunda reforma del Estatuto desde su aprobación en 1982. A continuación, el Pleno ha elegido mediante votación en urna a los tres comisionados que defenderán el texto en las Cortes Generales, al tratarse de una ley orgánica. Los designados han sido Ana Abengózar (PSOE), Paco Núñez (PP) y el presidente Emiliano García-Page.
La sesión ha contado con una amplia representación institucional y social de la región. Entre los asistentes han estado el presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, Javier de Irizar; el presidente de la Cámara de Cuentas, Fernando Andújar; el presidente del Consejo Regional de Transparencia, Fernando Muñoz; así como representantes de los agentes sociales, entidades del tercer sector y parlamentarios nacionales.
