Revisión de los convenios expropiatorios del Nudo Norte
El Pleno del Ayuntamiento de Toledo, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado la finalización del expediente de revisión del convenio expropiatorio de 17 de julio de 2008 y del convenio de modificación y ejecución del denominado Nudo Norte de 25 de marzo de 2021.
La decisión ha contado con los votos favorables de PP, VOX e IU-Podemos y la abstención del PSOE.
Proteger los intereses patrimoniales del Ayuntamiento y la ciudadanía
Con esta resolución, el Consistorio concluye un procedimiento administrativo que, según ha explicado el concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado, tiene como objetivo “proteger los intereses patrimoniales del Ayuntamiento y de toda la ciudadanía toledana, abriendo la posibilidad de acudir a la vía judicial para impugnar unos actos considerados desproporcionados y perjudiciales para la ciudad”.
Delgado ha defendido que esta actuación “es lo correcto” y responde a la obligación del Ayuntamiento de defender los recursos públicos y evitar perjuicios económicos para Toledo. “Debemos intentar, aunque sea en una situación jurídicamente complicada, que el dinero de los toledanos no vaya a otro sitio que a mejorar nuestra ciudad”, ha señalado durante su intervención.
El concejal ha lamentado que este asunto se haya prolongado durante tantos años, recordando que el origen del convenio se remonta a 2008 y su novación en 2021. “Esta es una de esas situaciones en las que debemos ponernos de parte de los toledanos”, ha manifestado.
El Pleno ratifica los acuerdos adoptados previamente
Asimismo, ha precisado que lo aprobado hoy por el Pleno ratifica los acuerdos adoptados previamente, y que al agotarse las vías ordinarias de recurso, se ha optado por la vía extraordinaria de revisión. “Con esta fase ponemos fin al expediente administrativo y abrimos la posibilidad de solicitar la revisión judicial de unos actos que consideramos perjudiciales para los intereses municipales”, ha explicado.
Finalmente, Delgado ha señalado que esta aprobación supone la última fase del procedimiento, con el fin de habilitar la posibilidad de impugnar judicialmente un acto que el Ayuntamiento considera injusto y desproporcionado, reiterando que “con la convalidación del acuerdo adoptado en Comisión, podremos acceder al intento impugnatorio de un acto que entendemos lesivo para los intereses municipales”.
