El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha denunciado la “ineficaz gestión” del equipo de Gobierno municipal al asegurar que el presupuesto de 2026 ha perdido su vigencia en menos de un mes tras la modificación de partidas contempladas inicialmente.
Desaparición de la Brigada de Acción Rápida
Fernández ha mostrado su sorpresa por la desaparición de una de las medidas que el Ejecutivo local presentó como novedad destacada de las cuentas, la denominada Brigada de Acción Rápida, dotada con 300.000 euros.
Según ha explicado, esta partida ha sido transferida al futuro contrato de gestión de los Centros de Atención a la Infancia (CAI).
“En menos de un mes han eliminado la Brigada de Acción Rápida que iba a solucionar problemas de mantenimiento inmediato con obras urgentes”, ha señalado el edil, quien ha criticado que el cambio no responda a un refuerzo de los trabajadores municipales para asumir estas tareas, sino a la tramitación de “un gran contrato de gestión” que, a su juicio, “nada tiene que ver con las obras”.
Fernández ha mostrado su sorpresa por la desaparición de una de las medidas que el Ejecutivo local presentó como novedad destacada de las cuentas, la denominada Brigada de Acción Rápida, dotada con 300.000 euros. Según ha explicado, esta partida ha sido transferida al futuro contrato de gestión de los Centros de Atención a la Infancia (CAI).
Gestión “improvisada” y sin planificación
Para el concejal de IU, esta decisión evidencia una gestión “improvisada”, sin planificación y que, en su opinión, menosprecia la plantilla municipal y los recursos propios del Consistorio. Fernández ha advertido de que, con este cambio, las actuaciones urgentes podrían retrasarse hasta el punto de que “cuando quieran ir al bache ya será una zanja”, o bien ejecutarse mediante contratos menores de hasta 60.000 euros.
En otro orden de asuntos, el edil se ha referido a la reciente entrada en vigor de la nueva ordenanza de la Zanja Única y ha reclamado que se hagan públicos los precios de los servicios ofertados por las empresas homologadas para ejecutar estas obras.
Fernández, cuyo grupo municipal ya se opuso a la ordenanza al considerar necesario fijar una tarifa máxima y permitir que el propio Ayuntamiento pudiera ejecutar los trabajos, ha defendido que las actuaciones deben contar con un precio mínimo y máximo “y, desde luego, conocido por los vecinos y vecinas”.
El concejal ha mostrado su preocupación por que se pueda generar una competencia a la baja entre empresas que afecte a la calidad de los materiales o a las condiciones laborales de los trabajadores. A su juicio, el equipo de Gobierno ha incurrido en un “error de concepto” al convertir al Ayuntamiento “en un instrumento para mercantilizar las obras de la ciudad”, favoreciendo una competencia basada en el precio y no en la calidad y las garantías laborales.
El concejal ha mostrado su preocupación por que se pueda generar una competencia a la baja entre empresas que afecte a la calidad de los materiales o a las condiciones laborales de los trabajadores. A su juicio, el equipo de Gobierno ha incurrido en un “error de concepto” al convertir al Ayuntamiento “en un instrumento para mercantilizar las obras de la ciudad”, favoreciendo una competencia basada en el precio y no en la calidad y las garantías laborales.
