El PSOE exige medidas urgentes para tres familias con menores desalojadas en Toledo
El Grupo Municipal Socialista de Toledo ha exigido recientemente al Ayuntamiento medidas urgentes y soluciones habitacionales para tres familias con cinco menores a su cargo, que se encuentran en una situación de «desamparo institucional» tras el desalojo y posterior derrumbe de las instalaciones que ocupaban en el recinto de La Peraleda. La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha calificado la situación de «cuestión de humanidad» y ha denunciado el corte del suministro de agua a estas familias.
En una comparecencia conjunta desde La Peraleda, Noelia de la Cruz y la viceportavoz Ana Belén Abellán han criticado la actuación del gobierno municipal. Si bien el Grupo Socialista acepta la decisión judicial de desalojo por razones de seguridad, Abellán ha señalado que el juez notificó al Ayuntamiento en dos ocasiones la necesidad de garantizar soluciones adecuadas para las familias. «Diez días después, esas familias siguen sin solución ni acompañamiento por parte de los servicios sociales municipales», ha lamentado la viceportavoz, quien ha subrayado que estos son «los más cercanos y quienes deberían haber intervenido de inmediato».
Además de la ausencia de alternativas habitacionales, el PSOE ha denunciado el corte del suministro de agua, un «derecho básico e irrenunciable», especialmente grave al tratarse de menores escolarizados. Abellán ha cuestionado quién dio la orden para esta interrupción, recordando que Tagus, la empresa concesionaria del servicio, no actúa sin una orden expresa. La viceportavoz ha propuesto como medida urgente la apertura de los aseos públicos cercanos y la restitución inmediata del suministro de agua para garantizar la higiene mínima de los menores.
Sospechas de intereses urbanísticos tras el desalojo
La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha puesto el foco en la celeridad con la que se ha producido el derrumbe, insinuando posibles «intereses ocultos» o urbanísticos en la zona, como la instalación de una discoteca. «Nos cuesta creer que un juzgado haya intervenido de oficio sin que nadie lo solicitara. ¿Ha sido el Ayuntamiento quien lo ha pedido? ¿Por qué tanta prisa en proceder al derribo?», ha inquirido, sugiriendo que «algún amigo del alcalde» podría estar detrás de esta premura.
Ambas representantes han exigido al alcalde y a la concejala responsable «que bajen al terreno y den la cara» ante esta situación de emergencia social. Han enfatizado que el Ayuntamiento no puede eludir su responsabilidad, siendo los servicios sociales municipales la primera puerta a la que deben acudir estas familias.
Silvia Augusto, una de las mujeres afectadas, también ha denunciado el abandono por parte del Ayuntamiento y ha solicitado una «solución digna» para sus hijos, cinco menores escolarizados. Ha explicado que, aunque no se opusieron al desalojo del centro de ocio abandonado de La Peraleda que habitaban desde hace 20 años, piden una vivienda digna, incluso si implica pagar un alquiler social en otro lugar. «No nos oponemos a pagar un alquiler social, sea en un pueblo, sea donde sea, pero pedimos una vivienda digna», ha concluido.
