Castilla-La Mancha se sitúa ya como la comunidad autónoma que mejor gestiona el sistema de dependencia en todo el país, según los datos del XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia presentados en el Congreso de los Diputados. El informe otorga a la región una puntuación de 8,25 sobre 10, lo que la coloca en cabeza del sistema nacional.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado que este reconocimiento llega en un momento especialmente positivo para la región, con más de 82.000 personas atendidas por el sistema de dependencia, más de 118.000 prestaciones y servicios activos y más de 27.500 empleos vinculados al sector.
Resolución media de expedientes de 165 días
Además, Castilla-La Mancha registra una resolución media de expedientes de 165 días, aproximadamente la mitad de la media nacional, situándose entre las pocas comunidades que cumplen los plazos establecidos por la ley.
García Torijano ha subrayado que este liderazgo responde a una apuesta política sostenida por las políticas sociales durante los últimos años bajo el Gobierno del presidente regional, Emiliano García-Page. En este periodo, la valoración del sistema de dependencia en la región ha pasado de un 4,6 en 2015 a la puntuación actual de 8,25, reflejando una evolución significativa en la gestión y en la atención a las personas dependientes.
El sistema regional ha crecido hasta consolidarse como uno de los pilares del bienestar en la comunidad autónoma, con servicios que incluyen residencias, centros de día, viviendas tuteladas, ayuda a domicilio, teleasistencia, programas SEPAP y prestaciones económicas.
Reforzar la financiación del sistema de dependencia
Durante la presentación del informe también estuvo presente el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, junto a responsables técnicos del departamento.
Por otro lado, el Gobierno regional ha reiterado la necesidad de reforzar la financiación del sistema de dependencia, reclamando la corresponsabilidad económica prevista en la Ley de Dependencia, que establece una aportación del 50 por ciento por parte del Estado y del 50 por ciento por parte de las comunidades autónomas.
En el año en que se cumplen dos décadas de la aprobación de esta ley, el Ejecutivo autonómico ha valorado el reconocimiento como un impulso para seguir avanzando en la mejora de los servicios y en la ampliación de derechos para las personas en situación de dependencia, especialmente en el medio rural y en las zonas afectadas por la despoblación.
