El Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado este 30 de septiembre la Oferta de Empleo Público 2026 para personal laboral, que contempla un total de 401 plazas dentro de la Administración General. La propuesta ha recibido el respaldo unánime de las organizaciones sindicales durante la reunión de la Comisión Negociadora del IX Convenio Colectivo del personal laboral.
La reunión ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez, y ha incluido entre sus puntos del orden del día la negociación de la oferta correspondiente al ejercicio 2026.
La distribución acordada contempla 329 plazas de turno libre y 72 de promoción interna. Además, la oferta incluye ocho plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual y 20 para personas con discapacidad general.
La Oferta de Empleo Público 2026 para personal laboral forma parte del proceso de planificación de empleo público que desarrolla el Gobierno regional en los diferentes sectores de la Administración autonómica.
El siguiente paso será la negociación de las plazas correspondientes al personal funcionario de la Administración General. La Mesa Sectorial está prevista para este jueves, de acuerdo con la información facilitada por el Ejecutivo autonómico.
Posteriormente se celebrará la Mesa General del Personal Empleado Público, trámite previo a la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2026 por parte del Consejo de Gobierno.
La oferta global de este ejercicio incluirá las plazas correspondientes a la Administración General, tanto de personal funcionario como laboral, además de las de los sectores sanitario y educativo.
La Oferta de Empleo Público 2026 para personal laboral se integra también en la tercera edición del Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2023-2027 del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Este plan contempla la previsión de aprobar más de 12.300 plazas de empleo público durante el periodo 2023-2027.
El Ejecutivo autonómico plantea esta planificación con el objetivo de generar oportunidades de empleo público, aportar estabilidad a las plantillas de la Administración regional y favorecer el desarrollo profesional del personal empleado público.
