El Ilustre Colegio de Abogados de Toledo ha acogido recientemente la jornada formativa titulada “Cuestiones prácticas surgidas en el ámbito civil y penal tras la reforma introducida por la Ley 8/2021, de 2 de junio”, un encuentro dirigido a profundizar en la aplicación práctica del nuevo marco jurídico de apoyo a las personas con discapacidad.
La sesión estuvo a cargo de Alba Tenorio Gontán, fiscal delegada en materia de víctimas de la Fiscalía Provincial de Toledo, quien ofreció una explicación detallada de los principales cambios que introduce la normativa y de los desafíos que están encontrando los operadores jurídicos en su aplicación diaria, tanto en procedimientos civiles como penales.
La actividad reunió a profesionales del ámbito jurídico y a estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Castilla-La Mancha, interesados en conocer de primera mano las implicaciones de una reforma que supone un cambio profundo en la concepción de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Adaptaciones en el Código Penal
Durante la jornada se analizaron diferentes cuestiones prácticas relacionadas con el ámbito civil, especialmente las relativas a las medidas de apoyo, la curatela, los procedimientos de revisión y la actuación notarial y judicial. También se abordaron las adaptaciones necesarias en el ámbito penal, donde la nueva normativa exige reforzar las garantías procesales y avanzar hacia una mayor especialización de los profesionales.
El decano del ICA Toledo, Ángel Cervantes, subrayó la relevancia de esta reforma legislativa, que a su juicio supone “un cambio profundo en la forma de entender la capacidad jurídica y la protección de las personas”. En este sentido, destacó que la Ley 8/2021 introduce “un nuevo paradigma basado en la dignidad y la autonomía personal”, en el que la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad adquieren un papel central.
Asimismo, Cervantes puso en valor la importancia de la formación continua para que los profesionales del Derecho puedan aplicar con rigor y sensibilidad social los cambios normativos. “La abogacía tiene una responsabilidad clave para garantizar que esta reforma se traduzca en una protección real y efectiva de los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó.
La jornada registró una notable participación y propició un amplio intercambio de experiencias y reflexiones entre los asistentes, lo que evidenció el interés que despierta una reforma considerada una de las más relevantes del Derecho civil español en las últimas décadas.
Con iniciativas como esta, el Ilustre Colegio de Abogados de Toledo refuerza su compromiso con la formación permanente de los profesionales y con la promoción de una justicia más accesible, inclusiva y adaptada a las necesidades de la ciudadanía.
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