jueves, enero 30, 2025
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IU-Podemos pide aplicar el precio máximo del 30% de los ingresos al alquiler de las viviendas municipales

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha anunciado que presentará una moción en el próximo Pleno municipal para que se aplique la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, en las promociones de viviendas municipales en alquiler.

Esta normativa establece que el precio de los alquileres no debe superar el 30% de los ingresos de las unidades familiares, un criterio que, según Fernández, garantiza el derecho constitucional a la vivienda y da claridad frente al ambiguo término de “precio asequible” usado por las administraciones.

Criterio aplicable a las promociones de Salón Rico, Alamillos del Tránsito y Santa Bárbara

Fernández propone que este criterio se aplique a las promociones de viviendas municipales que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) prevé sacar al mercado, como las ubicadas en el Salón Rico, Alamillos del Tránsito y Santa Bárbara.

“La vivienda es el principal problema para la ciudadanía, muy por encima de la crisis económica y los problemas políticos, según reflejan las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)”, ha destacado el edil de Izquierda Unida.

Dificultades de emancipación y acceso a la vivienda

El portavoz también ha puesto de relieve las dificultades que enfrentan los jóvenes para emanciparse, con una tasa de emancipación en su punto más bajo, situándose en el 14,8%, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.

Según datos de la EMV, el precio medio del alquiler en Toledo, alcanza los 794 euros al mes, mientras que el salario medio anual de los jóvenes es de 16.388 euros y el de las mujeres de 14.957 euros. “Con estos datos, concluimos que este colectivo tiene un verdadero problema de acceso a la vivienda”, ha lamentado.

Reivindicación de precios ajustados a los salarios

Txema Fernández ha insistido en que los precios de alquiler y venta de viviendas municipales deben ajustarse a los salarios reales de la población y no estar basados en los precios del mercado.

n este sentido, ha subrayado la importancia de aplicar la Ley del Derecho a la Vivienda para garantizar que el acceso a una vivienda digna sea una realidad en el municipio, especialmente para los sectores más jóvenes y vulnerables.

 

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