El Movimiento Sumar Castilla-La Mancha ha exigido al Gobierno regional que atienda de manera urgente las reivindicaciones de los bomberos forestales de la empresa pública Geacam. La organización política ha manifestado su total respaldo a las demandas de este colectivo, lamentando que el personal de extinción afronte una nueva campaña estival con las mismas carencias estructurales que llevan denunciando durante años, una situación que consideran insostenible ante el incremento del riesgo por la crisis climática.
Un operativo al límite frente a la emergencia climática
Desde la Secretaría de Medio Ambiente de la formación consideran especialmente preocupante que se repitan los problemas de personal y la alta temporalidad en el servicio. En este sentido, los profesionales denuncian plantillas insuficientes y graves dificultades para cubrir todos los servicios necesarios en el territorio autonómico. Por consiguiente, el riesgo laboral aumenta para quienes protegen los espacios naturales de la región, cuyas condiciones contractuales no se corresponden con la peligrosidad de sus tareas.
Esta situación se produce en un escenario meteorológico cada vez más adverso y complejo para la extinción. Así mismo, la organización recuerda que los datos oficiales del año en curso reflejan un incremento del 40 % en los incendios registrados durante la primera mitad del año en comparación con el ejercicio anterior. Las temporadas de riesgo son cada vez más largas y extremas, lo que exige un reforzamiento inmediato de los recursos humanos y materiales en lugar de mantener la misma precariedad.
El nuevo convenio como oportunidad estratégica
La resolución de este conflicto laboral pasa por una apuesta decidida por el sector público. Sumar insiste en que la protección de la biodiversidad y de los municipios de la comunidad autónoma depende directamente de la capacidad de respuesta de Geacam. Para garantizar esta operatividad, el operativo requiere estabilidad, formación continua, infraestructuras dignas y equipos de protección individual que cumplan con los estándares de seguridad exigidos.
La mesa de negociación del segundo convenio colectivo de la empresa pública representa la coyuntura ideal para corregir los desequilibrios actuales. En definitiva, la formación recuerda al Ejecutivo autonómico que dotar de presupuesto a las reivindicaciones de los bomberos forestales no debe ser visto como un gasto administrativo, sino como una inversión esencial para la seguridad y la resiliencia de todo el patrimonio natural castellanomanchego.